La Fiscalía se suma a la familia que represento y pide cuatro años de prisión por la muerte de un interno

El caso

Un interno del centro penitenciario Las Palmas II (Juan Grande) acudió a los servicios médicos de la prisión aquejado de dolores intensos. El facultativo interpretó los síntomas como una simple contractura cervical. Lo que en realidad sufría era un infarto agudo de miocardio. Falleció en su celda unas dos horas después, sin recibir el tratamiento que su situación exigía.

Junto a la letrada Patricia Rodríguez Herrera, ejerzo la acusación particular en nombre de la familia del fallecido.

El logro procesal

Tras la instrucción de la causa, el Ministerio Fiscal ha elevado escrito de acusación sumándose al planteamiento que la familia venía sosteniendo desde el primer día: que la actuación del médico fue constitutiva de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional.

La posición de las acusaciones, según recogió la prensa:

• Cuatro años de prisión para el facultativo, además de la inhabilitación para el ejercicio profesional.
• Una indemnización de casi un millón de euros (990.963 €) para la viuda, los tres hijos menores, la madre y las hermanas del fallecido.
• La responsabilidad civil subsidiaria de la Administración penitenciaria.

Que la Fiscalía haga suya la tesis de la acusación particular es un hito procesal de primer orden: significa que la investigación impulsada en nombre de la familia ha convencido al Ministerio Público de que los hechos deben juzgarse como un delito.

Situación actual

Cerrada la fase de instrucción, el procedimiento se encuentra a las puertas del juicio oral. Este artículo se actualizará cuando exista una resolución definitiva.

Por qué importa

Las personas privadas de libertad dependen por completo de la Administración para algo tan básico como su salud. Cuando esa tutela falla, la familia tiene derecho a una investigación seria y a una reparación justa. Este caso refleja el otro lado de mi ejercicio penal: no solo defiendo a personas acusadas; también represento a víctimas y familias frente a negligencias con consecuencias irreparables.

Caso en tramitación: rige la presunción de inocencia del acusado. La información publicada procede de la cobertura de prensa y de los escritos de acusación; los datos personales se mantienen reservados por respeto a la familia.